El fin de la sociedad clientelista

La burbuja estatal del tamaño de $70 mil millones – lo que conforma nuestra deuda pública – en la que se encuentra el Gobierno de Puerto Rico, y que está a punto de explotar espectacularmente con toda probabilidad este año, muestra una vez más el apetito voraz en el que operó el Estado (Libre Asociado) desde su constitución. Esto no solo expone la naturaleza parasitada del Estado, sino la de sus brazos de saqueo más insaciables: los partidos políticos.

Cada partido político en realidad funciona como agencias eficaces de repartición del fisco a la base clientelar, y esto ha sido así por aprobación “democrática” por espacio de seis décadas, generalmente por medio los ciclos electorales de cada cuatro años. Mientras tanto, la clase política oligárquica se formó alrededor de esta partidocracia, escogiendo a sus líderes de acuerdo a sus caras mercadeables, para seguir explotando esta fórmula mágica para enriquecerse a costa de los demás.

A su vez, este proceso le había brindado al ciudadano de a pie la oportunidad de sentir que su voto no solo no se perdía en el vacío, sino que también podría obtener beneficios tangibles como consecuencia de su aportación electoral. No es sorprendente, entonces, que la participación del puertorriqueño sea tan persistente y masiva. Evidentemente el boricua siente que le saca creces al proceso eleccionario.

Como consecuencia de este cuento tercermundista la sociedad se creyó la mentira antieconómica de que es posible comernos nuestros dulce de gratis. Es decir, sin sacrificio, sin ahorro, sin inversión o acumulación de capital.

Ciertamente, explicar nuestra debacle señalando como infantiles y fanáticas a las masas es ignorar el más elemental motivo de toda acción humana, que es el de mejorar su condición previa a través de los medios más eficaces. Este modelo clientelista de cooperación entre los partidos políticos y su base, había sido el más eficiente para mantener un estilo de vida seguro y estable dentro de la sociedad puertorriqueña. Estas actuaron de acuerdo a su mejor interés personal siguiendo las reglas del juego apoyando aquellos que esparcían esta gran mentira, al mismo tiempo que por debajo de la mesa se pre-acordaban los favores políticos más demandados: plazas de empleo “planchadas” de antemano en esta o aquella agencia pública, puestos de confianza injustificados desde el punto de vista de la productividad, contratos jugosos para satisfacer a la rica oligarquía política del País. Es así como terminamos con un país en el que el peso del Gobierno en relación al Producto Interno Bruto es de un 40%. Que tres de cada 10 empleos se ubiquen en el sector público. O que el 86% del gasto público total se consuma en la nómina de las agencias del Gobierno.

Más allá del issue del estatus, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático no han demostrado tener ninguna diferencia esencial en su forma de gobernar, ni en el empleo de sus estratagemas publicitarias que consisten en prometer manjares primermundistas para todos sin que se nos explique de dónde saldría el dinero, salvo lo que aquel funcionario mendigo llamado Comisionado Residente pudiera sacarle al Congreso Federal. La competencia mediática consistía en cada bando acusarse entre sí como los peores repartidores de la riqueza ajena, generalmente de la clase media. En este sentido, no existe un mito más perdurable y falaz como el del “buen administrador” de bienes públicos.

Últimamente, en especial las pasadas elecciones, aquellos que nunca se han agenciado con el poder defienden al sistema clientelista actual, sobre la base de que su supuesta pulcritud ideológica los haría comportarse con decencia. Menos corruptos y mejores administradores. Ojo: estos no son más que saqueadores en potencia, listos para crear otra oligarquía cíclica de ganadores y perdedores. Estos sospechosos claman porque se ignore la aritmética y las leyes básicas del comportamiento económico humano a favor de soluciones fantasiosas o parchistas que no van a la raíz de nuestro problema: una falta crónica de producción privada y un gobierno interventor que utiliza su poder policial para extraer parte de las ganancias del trabajador con impuestos de pistolero.

Finalmente, esta etapa despilfarradora de nuestra historia está llegando a su liquidación. Lo ideal sería que llegase el fin de la sociedad clientelar para que esta le abriese paso – pacíficamente sin la imposición violenta del mercado de bonos que ya no ve rentable seguir inflando nuestra burbuja gubernamental – a la sociedad productiva, compuesta por inversionistas, emprendedores y obreros privados. A estos se les debe entregar el futuro económico de Puerto Rico, y minimizar el rol de los políticos o burócratas en las vidas de los puertorriqueños. De esta forma serviríamos a nuestros compatriotas satisfaciendo sus necesidades, en un intercambio voluntario de mercancías dirigidas a mejorar nuestro condición previa, pero esta vez de forma limpia. Este mecanismo espontáneo, es el que los liberales llamamos el mercado libre.

Pero para que esto suceda, tendríamos que ponernos de acuerdo en limitar el poder del gobierno. Lamentablemente no hemos querido ni tan siquiera afrontar con seriedad la situación precaria de sus finanzas lo cual me hace pesimista sobre el futuro de nuestra Isla. Por un lado este nos pretende hacer creer que su salvación equivaldría “salvar” al país. Sin embargo – como diría Frederick Bastiat –, el lado que no salta a la vista, es que esto no pasa ser más que otra retórica demagógica del Estado clientelar para continuar con su capacidad de endeudamiento y repartición del fisco, pidiendo justamente otro cheque en blanco. ¿Acaso olvidamos que no es la primera vez que hemos salvado el crédito del gobierno pidiéndole al País que aguante otro cantazo tributario? Y el IVU, el impuesto a las foráneas, la subida a los peajes, los $1.5 billones en nuevos impuestos, ¿para qué fueron?

Pues para mantener, y solo mantener, a la sociedad clientelista.